Rodrigo GutiérrezEran las primeras horas del 5 de octubre. Edgar Daniel Esqueda Castro se encontraba acostado junto a su esposa en su casa ubicada en la calle La Fragua de la colonia Julián Carrillo, en la ciudad capital de San Luis Potosí. Aún no despertaban cuando varios hombres armados, quienes dijeron ser agentes de la Policía Ministerial del Estado, irrumpieron en su habitación.
Los uniformados tomaron a Edgar por el cuello y lo tiraron al suelo, relata su esposa, quien en ese momento era amenazada con un arma de fuego. Los sujetos se llevaron al fotoperiodista a la fuerza sin dar ninguna explicación.
La denuncia de los hechos se hizo de manera inmediata. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la entidad asignó el caso a la Fiscalía antisecuestros.
Los medios donde trabajaba, como el diario Metrópoli San Luis y el diario digital Vox Populi de San Luis Potosí, responsabilizaron al gobierno del estado, encabezado por Juan Manuel Carreras, de lo que le ocurriera a Esqueda Castro.
Sin embargo, la búsqueda no duró mucho. Al día siguiente, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, el cuerpo sin vida de Edgar Daniel fue encontrado.
El fotoperiodista estaba semidesnudo, con las manos atadas a la espalda y huellas de tortura.
Al respecto, el día de su desaparición la Procuraduría se deslindó de los hechos asegurando que no había realizado ninguna acción policial contra algún reportero de la capital del estado, así que, aseguró, la Policía Ministerial del Estado no fue el autor del “levantón”.
#SLP | La Policía Ministerial del Estado informó que NO se ha realizado ninguna acción policial en contra de un reportero de la capital. pic.twitter.com/umADse445A
— PGJE SAN LUIS POTOSI (@PGJE_SLP) 5 de octubre de 2017
Tras la muerte de Esqueda Castro, dicha instancia aseguró que por orden del gobernador investigarán el caso y que ya se encontraban elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) para apoyar en las indagatorias.
Pese al deslindamiento de los hechos por parte de la PGJ de San Luis Potosí, dos denuncias anteriores de Edgar Daniel contra elementos de la Policía Ministerial, levanta las sospechas de la participación de ésta en el asesinato.
De acuerdo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el pasado 4 de julio, Edgar Daniel se encontraba realizando su trabajo en la escena donde había ocurrido una balacera.
Ahí, el fotoperiodista fue abordado por cinco policías ministeriales, quienes lo amenazaron con quitarle la cámara, además de golpearlo si continuaba tomando fotografías obligándolo a borrar el material y correrlo del lugar.
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En menos de diez días, el 13 de julio, las amenazas aparecieron de nuevo. Edgar Daniel acudió a cubrir otro evento y nuevamente los policías ministeriales interfirieron en su trabajo, pidiéndole sus identificaciones y fotografiando sus credenciales, intimidándolo, diciéndole que lo estarían vigilando, así como su domicilio, pues quizá con sus notas les daba información “a los malos”.
Tres meses después, Policías Ministeriales lo levantaron, torturaron y asesinaron.
Edgar Daniel Esqueda Castro es el onceavo periodista asesinado en México en lo que va del año, de acuerdo con Artículo 19. Con su caso se empata el número de homicidios de reporteros en todo el 2016, a prácticamente tres meses de que se acabe el 2017.
A su vez, es el periodista 38° en ser asesinado en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, diez casos menos de los que se registraron en toda la administración de Felipe Calderón, cuando se reportaron 48 homicidios de periodistas.
Del 2000 a la fecha, 111 periodistas han sido asesinados en México, de los cuales 103 han sido hombres y ocho mujeres.
La entidad con más asesinatos de reporteros es Veracruz, con 24 casos en 17 años, con un amplio margen de los estados que le siguen, Chihuahua y Tamaulipas, ambos con 13 homicidios.
México es uno de los países más peligrosos para los periodistas en el mundo.
El país ocupa el lugar 147, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por Reporteros Sin Frontera en 2017.
Por su parte, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) ubicó en 2016 a México en el tercer país más peligroso para ejercer el periodismo, sólo por encima de Irak y Afganistán.
Sin embargo, al contrario de estos últimos dos países, México es considerado como una democracia y no tiene un conflicto armado reconocido internacionalmente, por lo que los números registrados son preocupantes.
Junto al delito, viene la impunidad. De acuerdo con la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en un poco más de seis años, de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016, se registraron 798 denuncias por agresiones contra periodistas.
De esas 798 denuncias, de las cuales 47 fueron por asesinato, la FEADLE informó en respuesta a una solicitud de transparencia que solo tiene registro de tres sentencias condenatorias: una, en el año 2012; y otras dos en 2016.
Es decir el 99.7% de las agresiones han quedado impunes.
