Se intercambian mensajes en redes, fotos, felicitaciones de cumpleaños y navidad, pero también negocios; Javier Lozano recibió un contrato de adjudicación directa por 440 mil pesos del gobierno de Colima, cuando lo encabezaba José Ignacio Peralta, a quien abiertamente llama “amigo”.
El gobierno de Colima, encabezado hasta el 31 de octubre pasado por José Ignacio Peralta Sánchez, le entregó, a través de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, un contrato por adjudicación directa al despacho jurídico “Javier Lozano y Asociados S.C.”.
El administrador único de este despacho es Javier Lozano Alarcón, exsenador de la República, exsecretario de Trabajo en el sexenio de Felipe Calderón y exvocero de la campaña presidencial del priista José Antonio Meade.
“Javier Lozano y Asociados S.C.” aparece en la declaración patrimonial que el expanista entregó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante su paso en el gobierno de Calderón.
En la declaración patrimonial, Lozano Alarcón presume haber sido presidente de la empresa de marzo de 2001 a agosto de 2006, cuatro meses antes de su llegada al sexenio de Calderón.
LA AMISTAD DE PERALTA Y LOZANO
Javier Lozano es amigo de José Ignacio Peralta, así lo han evidenciado en más de una ocasión en redes sociales. Ambos se felicitan en sus cumpleaños y hasta en navidad.
El expanista ha compartido en Twitter varias fotografías con el ahora exgobernador priista llamándolo amigo.
Ambos colaboraron de cerca para la aprobación de la Reforma de Telecomunicaciones, Lozano desde el Senado de la República, como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y Peralta como subsecretario de Comunicaciones en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Durante las elecciones a la gubernatura de Colima de 2015, Lozano apoyó abiertamente al candidato del PAN, pero una vez oficializada la victoria de Peralta le dio su apoyo y respaldo al priista.
Incluso, el expanista defendió al entonces gobernador cuando fue abucheado en un evento del presidente Andrés Manuel López Obrador y destacó su participación en la “Alianza Federalista” de gobernadores “rebeldes” ante la 4T.
¡Gracias Javier!
— José Ignacio Peralta (@nachoperaltacol) March 5, 2019
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440 MIL PESOS POR REPRESENTAR A PERALTA EN CDMX
El contrato obligó al despacho jurídico de Lozano Alarcón a ser el representante legal del gobierno de Peralta Sánchez en la Ciudad de México, del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2019.
“El despacho se obliga a proporcionar los servicios por concepto de despachar asuntos jurídicos inherentes al gobierno de Colima que se tramiten en la capital del país (y) representar jurídicamente al gobierno de Colima en la Ciudad de México”, se lee en el documento.
El contrato también señala que Lozano Alarcón puso a disposición del gobierno de Colima su domicilio para recibir notificaciones en la Ciudad de México, el cual se encuentra en el número 925 de la exclusiva avenida Paseo de la Reforma, en Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
El documento señala que el pago a Lozano Alarcón por sus servicios al gobierno de Peralta Sánchez fue de 40 mil pesos al mes, lo que suma en los 11 meses de duración del contrato, un total de 440 mil pesos.
Sin embargo, el contrato detalla que “el precio no es fijo y estará sujeto a ajustes en razón de los asuntos tramitados con resultado satisfactorio, es decir, por resultados favorables al Gobierno de Colima”.
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AHORRO DE TIEMPO Y RECURSOS: ASÍ JUSTIFICÓ ADJUDICACIÓN DIRECTA
Para justificar la adjudicación directa en el contrato entregado al despacho de Javier Lozano, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Colima entregó un dictamen firmado por su entonces titular, Luis Alberto Vuelvas Preciado, donde señala cuatro argumentos.
Dos de los argumentos del gobierno de Colima justifican el ahorro de tiempo que significa la adjudicación directa contra la licitación pública:
“(La adjudicación directa) permite obtener un ahorro de recursos humanos y económicos al no realizarse un proceso de licitación pública, lo que resulta en una disminución significativa de los gastos administrativos”, dice el documento.
Y sigue: “El procedimiento de adjudicación directa […] permitirá un uso racional de los recursos humanos y materiales con que se cuentan, ya que no se destinaría tiempo” en realizar la licitación pública.
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Los otros dos argumentos señalan que el despacho de Javier Lozano era el más adecuado para las necesidades del gobierno de Colima:
“Los bienes que ofrece el proveedor cumplen cabalmente con el servicio y los bienes requeridos […] ofrece las mejores condiciones del mercado en cuanto a precio, calidad y confiabilidad, por lo que se ajusta a las necesidades requeridas y al presupuesto destinado para dicha prestación de servicios”, se lee en el dictamen.
Y añade: “La adjudicación directa “permitió la selección del prestador de servicio adjudicado debido a su capacidad de respuesta inmediata, bajo las condiciones solicitadas por esta dependencia […] se realizó un estudio de mercado en el que se buscaron las mejores condiciones a favor del Gobierno de Colima, resultando ser la propuesta que cotiza con el precio más bajo y cumple con lo requerido”.
Finalmente, el documento firmado por Vuelvas Preciado asegura que la adjudicación directa resulta la opción más económica, eficaz y honrada que el gobierno de Colima pudo hacer.
La adjudicación directa “se realizó con el único objetivo de asegurar las mejores condiciones para el Gobierno de Colima, por lo que se lleva a cabo con imparcialidad […] dicha imparcialidad se refiere a economía, eficacia y eficiencia […] Y se efectúa con honradez toda vez que dicho procedimiento se lleva a cabo con toda transparencia”, concluye el dictamen.
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