Heiji MorimotoCulturalmente e institucionalmente México sigue criminalizando a las mujeres con respecto a sus decisiones reproductivas. Sumado a que muchas que son atendidas en los diversos centros de salud provienen de un contexto de violencia, alta marginación económica y falta de acceso a información.
En la República Mexicana muchas mujeres pasan años de su vida en prisión y son sentenciadas sin que existan pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad como homicidas, incluyendo casos de partos fortuitos que se han suscitado en el patios o baños de casas, y cuyos recién nacidos murieron.
Además, son varias las causas por las que las mujeres en México optan por recurrir al aborto: cuestiones económicas, inseminación artificial no consentida, salud, alteraciones graves en el producto, peligro de muerte y violación.
De acuerdo con el informe “Maternidad o Castigo: La Criminalización del Aborto en México” elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en el país la regulación del aborto sigue siendo un servicio médico restrictivo para las mujeres, debido a que los códigos penales de cada estado siguen siendo excluyentes y son aplicados bajo una situación de discriminación jurídica.
Cada día, una persona es denunciada por aborto en México. Conoce cómo se criminaliza a las mujeres, cuáles son las sanciones y cuál es el panorama completo en nuestra investigación: Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México. https://t.co/Wm9HngaHQG pic.twitter.com/oLeoPTGuJw
— GIRE (@GIRE_mx) August 30, 2018
Según el informe del GIRE, en México las mujeres tienen acceso a los derechos reproductivos dependiendo de su lugar de residencia: hay circunstancias bajo las cuales no se castiga y otras donde sí considera como delito.
En México el Código Nacional de Procedimiento Penales de 2014 clasifica al aborto como un delito no grave y quienes llegan a ser acusadas pueden permanecer en libertad mediante el pago de una fianza, sin embargo, no todas tienen acceso a dicho recurso, por cuestiones económicas.
Algunos estados como Coahuila y Veracruz penalizan el aborto desde la tentativa, es decir, que las autoridades pueden denunciar a una mujer por el delito de lesiones al concebido, mientras que en el estado de Zacatecas se criminaliza por la tentativa de aborto que produzca lesiones al feto.
A nivel federal el aborto puede ser penalizado de un año a 5 años de prisión, además de que en estados como Baja California, Morelia, Oaxaca, Puebla, Sonora y Tamaulipas, también se pueden aplicar sentencias que van de uno, a 5 o hasta 6 años en la cárcel.
Siendo Chiapas, Michoacán y Veracruz las únicas entidades que no contemplan penas privativas de libertad en relación al aborto.
Sin embargo, el informe “Maternidad o Castigo” señala que, si bien es positivo que no se contemple la prisión para esos casos, las normas no especifican las condiciones con las que debe ofrecerse la atención médica, ni tampoco obliga a las unidades de salud a tener personal capacitado para brindar el cuidado.
También los códigos penales de algunos estados de la república establecen penas mayores de cárcel para el personal médico.
En estados como Baja California se castiga al personal de salud de 3 a 10 años de prisión, además de una suspensión del ejercicio profesional de 2 a 5 años.
De acuerdo con información oficial, desde el 2007 hasta el 2016 se han interpuesto en todo el país un total de 4 mil 246 denuncias penales por el delito de aborto, de los cuales la Ciudad de México acumula 894, secundado por Baja California con 878 y Veracruz con 416.
Pobreza, discriminación y criminalización
De acuerdo con la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), se entiende como discriminación contra la mujer toda “distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto menoscabarla, independientemente de su estado civil.”
Y aunque el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (DESC) puntualiza que los Estados deben reconocer las normas sociales y estructuras de poder arraigadas que impidan el ejercicio del derecho a la igualdad de condiciones.
Según el informe elaborado por GIRE, el país ha continuado bajo un sistema de atención médica que carece de servicios de salud enfocados a las necesidades de las mujeres: además de estereotipos discriminatorios, y normas que restrictivas que menoscaban la efectividad del derecho a la salud sexual y reproductiva.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la salud debe entenderse como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo como ausencia de afecciones o enfermedades”.
Muchas mujeres de todo el país se ven obligadas a trasladarse a la Ciudad de México donde existe un marco legal menos restrictivo, todas de diferentes estratos sociales y culturales, argumentos por lo que el informe publicado por GIRE, da importancia al contexto personal y económico de las mujeres.
Cifras del Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la Ciudad de México señalan que del 2007 hasta agosto del 2018 fueron atendidas 199 mil 230 mujeres, provenientes de los 32 estados del país.
De las cuales 152 mil 975 fueron atendidas con medicamentos, 43 214 con aspiración y 3 mil 41 se les práctico legrado uterino instrumentado.
El 53.5% de las mujeres que han sido atendidas en la capital del país, eran solteras, mientras que 28.8% declaró vivir en unión libre con su pareja, el 12.6% dijo estar casada y el 3.2% divorciadas.
Por otra parte, el 46% de las mujeres que decidieron practicarse un aborto declaró tener entre 18 y 24 años de edad, en tato que el 23% aseguró entrar en el grupo de 25 a 29 años, seguidas por quienes tienen de 30 a 34 años, que representan el 13.5%.
La Encuentra Nacional de la Población Privada de la Libertad 2016, e información publicada por GIRE, señalan que en México existen 83 personas en prisión preventiva por el delito de aborto, de las cuales 44 son mujeres. Así como 19 mujeres de 53 personas que han sido declaradas bajo prisión definitiva.
Sin embargo, el informe “Maternidad o Castigo” asegura que en el país existe un gran desconocimiento por parte de las autoridades y de las instituciones de salud acerca de sus obligaciones que hacen imposible el acceso a servicios legales del aborto.
Aunando a que cuando son atendidas en los centros de salud, son cuestionadas y denunciadas por los mismos trabajadores sociales o por algún familiar, aún cuando se trata de casos de mujeres que sufren un aborto espontaneo y son tratadas como sospechosas.
