Jhoselin SánchezAmnistía Internacional hace un llamado a la atención responsable y conforme a la ley que debe hacer el Instituto Nacional de Migración (INM) a la población migrantes que llega a México, en muchos casos huyen de la violencia de sus países de origen y piden una oportunidad para quedarse en nuestro país.
En el reporte llamado “Ignoradas y sin protección” y publicado este 23 de enero, narra los casos de personas de El Salvador y Honduras que escapan de la violencia de grupos violentos como “Los Maras” que operan principalmente en Centroamérica, y que, ante su llegada a México, el INM procede a devolverlos, incluso antes de que se resuelva la petición formal de asilo.
Un refugiado es aquella persona que «debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él», según la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados (1951).
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Amnistía Internacional retomó los testimonios de 500 casos, en el periodo de mayo a septiembre de 2017, de los cuales 82% eran hombres, 17% mujeres y un 1% no quiso especificar su género.
A detalle, en 120 casos se trató de personas que expresaron temor por sus vidas y aun así el INM decidió devolverlos a sus países de origen, tras previamente aprehenderlos.
El informe puntualiza que las peticiones de asilo, el INM debe derivarla a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), aunque en muchas ocasiones ello no ocurre.
Las personas entrevistadas por esta ONG señalaron que al momento de sus detenciones las autoridades de la INM no se identificaron, e inmediatamente fueron llevadas centros de detención migratoria sin una evaluación individualizada de las circunstancias personales.
Entre las anomalías que también destacaron los testimonios, dejan ver que la INM no les informó que tienen derecho a pedir asilo; de 297 respuestas, se encontró que al 75% no se le explicó este derecho.
También se encontró que el INM no les expuso el procedimiento que implica tal solicitud; en tanto, aquellos que lo solicitaban calificaron el trato que recibieron como humillante.
En el 69% de los casos, los funcionarios del INM no les preguntaron las razones de por qué habían abandonado su país.
Por otra parte, los migrantes respondieron que notaban gran indiferencia entre el personal cuando les hablaban de sus temores de regresar a sus lugares de origen. Y de 171 respuestas, el 49% refirió que la atención fue mala cuando expresaron por qué no querían volver.
Amnistía Internacional describe en el documento que sostuvieron una entrevista con un representante de Instituto Nacional de Migración, éste comentó que los funcionarios reciben formación en derechos humanos y derecho internacional de refugiados.
En el reporte relatan la historia de Saúl, un hombre originario de Honduras -prefirieron cambiarle el nombre por razones de protección de identidad- quien trabajaba como chófer de transporte público en su Estado, y tras un ataque armado en el que sus dos hijos resultaron gravemente heridos, ocurrido en noviembre de 2015, decidió huir a México y solicitar asilo. La COMAR se lo negó, ya que consideró que tenía opciones en materia de seguridad en su país. Saúl fue deportado a Honduras antes de que se venciera el plazo legal de la resolución. En julio de 2016, poco tiempo después de regresar, fue asesinado.
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Su profesión es calificada por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) como riesgosa ya que los “Maras” controlan y extorsionan a los operadores de autobuses en distintos países de Centroamérica.
El caso de Saúl es sólo una muestra de lo que atraviesan los migrantes que busca una oportunidad lejos de la violencia que acecha sus países, siendo que las convenciones internacionales refieren dar protección a historias como ésta.
ACNUR destaca en su página web que los refugiados pueden pedir asistencia a otros países cuando el Estado de origen ha probado ser incapaz o no muestra su disposición de proteger tales derechos. Y enfatiza que los Estados no tiene derecho a expulsar o devolver a los solicitantes de asilo a cualquier país donde puedan correr peligro, lo que incluye a los de origen.
Al respecto, cabe señalar que México ha ratificado el Protocolo de 1967, el cual retoma el contenido de la Convención de Refugiados de 1951. Aunque en la práctica se multipliquen los testimonios de aquellos que fueron devueltos a sus países. Y pese a que la formación en derecho se dé a los funcionarios del INM, son reiterados los testimonios de que hay deficiencia en ello, y tal como lo manifestaron, el trato se torna indiferente a sus problemáticas y temores.
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