Diana Mariela Sánchez VelascoPor corrupción, el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a prisión, hecho que ha generado un sinfín de reacciones a lo largo del país, así como de la comunidad internacional en general.
Dicha condena, la cual no es del todo definitiva, podría acabar con la vida política del brasileño, pues tiene el interés de que su nombre aparezca de nuevo en las boletas de las elecciones de octubre próximo y la decisión del tribunal federal complica las cosas para Lula.
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¿De qué se le acusa exactamente?
El caso contra Lula se centra en un edificio en el balneario de Guarujá, el cual se estima en un valor de $ 1.1 millones.
Este inmueble supuestamente fue un obsequio de la OAS, una empresa constructora que recibió múltiples contratos grandes del gobierno federal, muchos de ellos ilegales, mientras éste era presidente.
Durante el juicio, apareció una fotografía que mostraba al ex presidente junto con un ejecutivo de la OAS dentro de la propiedad.
El ejecutivo se convirtió en un testigo colaborador, atestiguó que negoció el trato y la OAS financió una costosa remodelación de “triplex” (un edificio) específicamente para Lula.
A cambio, el entonces presidente presuntamente condujo a la firma de acuerdos con Petrobras, la compañía petrolera estatal, cuyos directores son designados por el gobierno federal.
Pero, ¿estas han sido pruebas suficientes?
La acusación contra Lula está plagada de problemas. El título del departamento nunca fue transferido a Lula ni a sus asociados; él y su esposa nunca usaron la propiedad; la fiscalía no pudo identificar un beneficio explícito relacionado con Petrobras; no se produjo documentación oficial o interna que vincule a Lula con el departamento; y el caso se basa casi por completo en el testimonio del ejecutivo que esperaba obtener la indulgencia de la condena por su cooperación.
Le fue otorgada una sentencia de nueve años y medio por corrupción, así como por lavado de dinero, en julio del año pasado, por Sergio Moro, un juez de alto perfil conocido por imponer las duras condenas en el caso “Car Wash” (lavado de autos), donde decenas de poderosos políticos y hombres de negocios han sido encarcelados.
Partidarios y opositores
Da Silva y sus partidarios dicen que se trata de un intento para evitar que regrese a la presidencia. Argumentan que es parte de una conspiración porque la élite de la nación no quiere un presidente que se concentre en los pobres e iguale el “campo de juego” en una de las naciones más desiguales del mundo.
«Lo que está en juicio no es Lula, es un gobierno, es la forma en que tratamos a este país», dijo el expresidente a los periodistas extranjeros la semana pasada.
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Por otro lado, hay otros que señalan que da Silva y su partido gobernaron el país brasileño, mientras un plan de corrupción masivo desviaba miles de millones de la petrolera estatal Petrobras y ayudó a la economía más grande de América Latina a caer en su peor recesión en décadas.
¿Qué pasará ahora?
Por ley, una condena penal que se ha confirmado en la apelación hace que un candidato no sea elegible para postularse para un cargo. Sin embargo, da Silva puede apelar la condena a tribunales superiores.
En última instancia, el Tribunal Supremo Electoral del país toma decisiones sobre las candidaturas, y la votación no se realizará hasta agosto.
Lula sigue siendo un político favorito, sin embargo, su candidatura podría ser bloqueada, e incluso si participa y gana, podría ser removido de su cargo por la judicatura.
Dentro de unos meses sabremos si el líder del Partido de los Trabajadores pasará los próximos años de su vida en la cárcel o en el palacio presidencial.
