Diana Mariela Sánchez VelascoLas recientes elecciones presidenciales han colocado a Honduras al borde de su peor crisis política desde el golpe militar de 2009.
Juan Orlando Hernández, el actual presidente y que intenta aferrarse al poder, fue acusado de inmiscuirse en los comicios al negar la victoria al líder de la alianza opositora, Salvador Nasralla.
Tanto la oposición, como gran parte de la sociedad hondureña se oponen a lo que han llamado una elección de Estado.
Por ello comenzaron a realizar decenas de manifestaciones por prácticamente todas las ciudades del país, creando barricadas en los barrios y bloqueando las principales autopistas.
Dichas movilizaciones han sido manchadas por actos de violencia.
La oposición, liderada por Nasralla, ha acusado al gobierno de infiltrarse en las protestas y causar los incidentes violentos.
A través de redes sociales, ciudadanos hondureños han difundido las imágenes de represión por parte de las autoridades.
Incluso, Policías de Honduras se declararon en huelga argumentando que “no van a reprimir al pueblo, sin embargo, el paro de labores no duró mucho.
Versiones preliminares señalan once muertos en las movilizaciones y daños que podrían ascender a unos 65 millones de dólares.
Con el fin de calmar los disturbios provocados por las manifestaciones, el sábado pasado, el gobierno hondureño estableció un estado de sitio en todo el país.
Mediante esta declaración se suspendió la constitución, se desplegaron a los militares en todo el país, se estableció un toque de queda entre las 6:00 a las 18:00 horas y además se limitó el acceso de los medios a los informes sobre la crisis.
A pesar de que la prohibición se ha relajado levemente, y ahora se extiende de las 8:00 a las 17:00 horas, las movilizaciones y la violencia no para.
Incluso, el 3 de diciembre, decenas de miles de hondureños se congregaron en la capital de Honduras, Tegucigalpa, para protestar por el fraude electoral, convirtiéndolo en una de las mayores movilizaciones en la historia del país.
Al día siguiente, el gobierno finalmente emitió los resultados de la elección impugnada, dando la victoria al presidente Hernández y a su reelección.
La opción se ha negado a reconocer los resultados y llamó a seguir con las marchas.
Los hechos han llamado la atención de instancias internacionales y países de la zona.
Por ejemplo, el 6 de diciembre, la Organización de los Estados Americanos (OEA), denunció una falta de garantías y transparencia en el proceso electoral.
“La Misión de Observación Electoral de la OEA ha informado del cúmulo de irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado este proceso electoral”, así se señaló en un comunicado donde se concluía que no se podía tener certeza de los resultados.
Además, la organización afirmó que si las instituciones gubernamentales, controladas actualmente por Hernández, no pudieran resolver y aclarar dichas dudas, se recomendaría un nuevo llamado a elecciones.
La presión contra el gobierno de Honduras ya no era sólo nacional, sino internacional, por ello, Hernández no tuvo opción más que llamar a un recuento electoral.
El recuento de votos fue celebrado por Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
Estos países dijeron en un comunicado: «Llamamos a los ciudadanos de Honduras a esperar pacíficamente el resultado del recuento».
Incluso la Unión Europea (UE) aplaudió la decisión que podría resolver la crisis nacional.
Ahora, los hondureños tendrán que esperar a que se realice el recuento de votos y se den los resultados de los mismos, lo que podría dar días de paz al país centroamericano.
