Jessica BrahinEn un juego didáctico de práctica y cultura de la corrupción, en contraposición a práctica y cultura de la legalidad, indefectiblemente Argentina continúa afinando su naturaleza orquestal de desapego hacia los procedimientos políticamente correctos.
Habitar Argentina implica adentrarse en la turbulencia garantista de la impunidad. En esta patria la corrupción es una enfermedad crónica y la desaprobación se ha convertido en idiosincrasia. En materia educativa, es eliminada de las pruebas Pisa, (justamente por corrupción), luego y a pesar de una leve mejoría, reprueba el Índice Mundial de Corrupción (IPC) medido por la fundación Transparencia Internacional (TI).
En la era de la pos verdad y de los hechos alternativos, el rechazo a la corrupción se afianza en las sociedades democráticas. El paradigma actitudinal estático de la ciudadanía argentina ha virado con el correr del tiempo. El fenómeno de resignación social está en plena lapidación. Actualmente, el argentino es consciente de su capacidad de incrementar la presión social para generar esclarecimiento de los hechos de corrupción y obligar a sus gobernantes a dar respuestas, aunque no siempre sean las esperadas en cuanto a tiempo y capacidad decisiva.
La transparencia, un proyecto de diferenciación gubernamental
La percepción del grado de corrupción es el elemento que posibilita que un sistema político obtenga o no la aceptación, legitimidad y credibilidad de la ciudadanía.
La corrupción es la sombra que acompaña las gestiones de gobierno y Argentina es un preso con salida transitoria. Prueba de ello es el informe anual de la ONG Transparencia Internacional que recoge una visión panorámica sobre el nivel de corrupción que existe en el sector público en función de la percepción que tienen especialistas y colectivos consultados por diferentes organismos internacionales como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, el Banco Africano de Desarrollo o la fundación alemana Berteslmann, entre otros.
En el 2015, pleno mandato de Cristina Kirchner con un gobierno de características populistas, el indicador en cuestión calificó al país en el puesto 107 con 32 puntos, a la par de países como Ecuador, Costa de Marfil o Bielorrusia. ¿Error de percepción? En absoluto. Según Transparencia Internacional: “Argentina, uno de los países más corruptos del mundo”.
Durante el 2016 y con los primeros pasos de Mauricio Macri frente al poder con una “muestra de apertura gubernamental al solicitar a los organismos de control oficiales y opositores que le fijen la hoja de ruta”, el resultado devuelto por el ente internacional fue más esperanzador. La Nación Argentina escaló 12 posiciones para ubicarse en el puesto 95 del ranking con 36 puntos. Si bien mejoró su visibilidad, aún continúa con niveles críticos.
En el nivel latinoamericano, se encuentra delante de Perú (puesto 101 con 35 puntos) y detrás de Colombia (puesto 90 con 37 puntos) y se sitúa lejos de los dos países más valorados de la región: Uruguay en la posición 21 con 71 puntos y Chile en la 24 con 66 puntos.
Dentro del ranking, Cuba se ubica en la posición (60°), Brasil (79°), Panamá (87°), Colombia (90°), El Salvador (95°) igualando a la Argentina.
En la región, el peor clasificado es Venezuela en el puesto 166 con 17 puntos. Con una mínima mejoría lo siguen Haití (159°), Nicaragua (145°), Guatemala (136°), Honduras (123°), México (123°) y Paraguay (123°).
Los privilegiados se sitúan del otro lado del globo terráqueo, Dinamarca y Nueva Zelanda, ambos en la posición número 1 con 90 puntos sobre 100.
El 69% de los 176 países medidos por el IPC del año 2016 obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala donde ser puntuado con un 0 da cuenta de un elevado nivel perceptivo de corrupción, mientras que obtener un 100 acredita niveles ínfimos. En ese ranking la mayoría de los países descendieron posiciones en lugar de escalar puestos, lo que significa que a escala global la corrupción es un tema candente en la agenda política.
Factores de incidencia perceptiva
Desde Poder Ciudadano, organización de la sociedad civil y capítulo argentino de Transparencia Internacional, su Director Ejecutivo, Pablo Secchi, apunta a que el leve avance en materia de corrupción está ligado a tres factores: Cambio de gobierno, visión de los consultados y avances legislativos.
Cambio de gobierno: En principio, un cambio de gestión ofrece cierta incertidumbre y a la vez, expectativas de revertir, cambiar y mejorar modelos de acción política.
El mandato de Cristina Kirchner es considerado como uno de los más corruptos en la historia política argentina. Una auditoría del Consejo de la Magistratura determinó que en los juzgados federales hay 2000 causas abiertas por corrupción y que en los últimos veinte años se investigaron y concluyeron otras 4000 que dejaron sólo cinco condenados, entre ellos, la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray. Entre los encuestados seguramente influyeron los procesamientos de Lázaro Báez (testaferro de la mandataria) acusado de lavado de dinero en la causa por la ruta del dinero K, y los de Cristina Kirchner en la causa de dólar futuro y direccionamiento de la obra pública a favor de Austral Construcciones.
En acusaciones cruzadas, de la “ruta del dinero K” se recorrieron senderos hasta llegar a la “ruta del dinero M”. Si bien el actual presidente Mauricio Macri, desembarcó con su partido de aire renovador “Cambiemos”, también se encuentra involucrado en conflictos de intereses partidarios y familiares (Caso de offshore Panamá Papers, Correo Argentino y Odebrecht), pero aún está respaldado por el adverbio de tiempo “reciente”, por el “venimos de un país quebrado” y por su “implacable necesidad de trabajar junto al resto de los argentinos para reactivarlo”.
Visión de los consultados: En medio de un oleaje de plena conflictividad y a pesar de ello, el segundo factor recae sobre los expertos e inversores encuestados por el índice (13 fuentes en total), quienes seguramente observan con una visión menos dilatada (por el escaso tiempo como presidente) y de mayor camaradería, a un estadista (Mauricio Macri) que viene del sector privado y se supone que conoce cómo funcionan las reglas del juego.
Avances legislativos: El tercer factor clave corresponde a la introducción de una serie de modificaciones imprescindibles en la normativa para luchar contra la corrupción como es el caso de la sanción de la “Ley de Acceso a la Información Pública” y la “Ley del Colaborador Eficaz o Arrepentido”.
“Argentina mejora porque los demás países empeoran”
Así lo determinó el informe presentado por la Universidad Austral a fines del mes de noviembre del año 2017. La investigación se titula “Indicadores internacionales de la corrupción en la Argentina” .
y fue coordinada por el Dr. Marcelo Bermolén, profesor de la Escuela de Gobierno, Política y Relaciones Internacionales de la institución académica.
Al igual que los trabajos comparativos anteriores, se encuentra basado en las mediciones de Transparencia Internacional, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y la Corporación Latinbarómetro. Si bien los índices del 2016 demuestran una leve mejoría, el resultado global de la Argentina no es bueno. “En Argentina ha disminuido la percepción de la corrupción porque ha aumentado en el resto de la región Americana.”
En cuanto a las opiniones de la población, el informe detalla que “Argentina está por encima del promedio de Latinoamérica y es el cuarto país con mayor probabilidad de sobornar a un juez o funcionario de un ministerio y es el quinto país con probabilidad de sobornar a un policía”.
Profundizando al respecto, el catedrático Bermolén explicó que “en general, se observa que los argentinos perciben una disminución de la corrupción en el ámbito público y un mayor control o lucha contra este flagelo. No obstante, es significativo el porcentaje de los ciudadanos argentinos que confiesan haber recurrido o estar dispuestos al soborno para acceder a servicios de prestación pública”.
Desafío G-20 en Buenos Aires
En medio de la lucha por regular estrictamente los conflictos de intereses, transparentar los negocios turbios de los funcionarios de la era Kirchnerista y dilucidar acontecimientos resonantes como los que ocupan la agenda política y social actual (entre ellos: causa Mapuche, femicidios, desaparición del Submarino ARA San Juan), Argentina será nuevamente puesta a prueba, ya que presidirá el G-20 en el año 2018.
El país reemplazará a Alemania para liderar al grupo de trabajo anticorrupción de la ONU, un comité encargado de generar propuestas para combatir el flagelo y transmitírselas a los principales líderes mundiales para que se evalúe su aplicación en la política doméstica e internacional.
Relacionando las mediciones realizadas en los informes sobre corrupción y sus respectivas conclusiones, si bien Argentina mejora porque los demás países empeoran y existe una tendencia hacia el soborno, en el momento de asumir la jefatura pro tempore del foro internacional, llevada a cabo el 30 de noviembre del 2017, el presidente Mauricio Macri expresó que “el lenguaje argentino es el de la justicia y el consenso; la diplomacia nacional se basa en el poder de la norma y no en la norma del poder».
La corrupción sigue siendo combustión. La transparencia exige inteligencia.
Puertas afuera, es un reclamo compartido; y puertas adentro, un compromiso de cambio asumido y propalado públicamente por “Cambiemos” para transformarse en la médula espinal de su triunfo en las elecciones presidenciales y con más razón, por lo cual debe mantenerse despierto.
Haber sido y seguir siendo reprobada es lo que coloca a Argentina en el centro de la escena y la obliga a avanzar en reformas anticorrupción para ponerse a tono con la demanda internacional de destronarla o al menos reducirla considerablemente, porque como es sabido y no siempre recordado, los gobiernos pasan pero las naciones quedan, y una sociedad que sangra por su política genera Estados padecientes como lo refleja Galeano en “Las venas abiertas de América Latina”.
