Heiji MorimotoEn los últimos 12 años, la ausencia de seguridad, justicia y respeto a los derechos humanos han estado sobre la mesa del debate en el ámbito político y social del país, ya que es de las problemáticas que mas han vulnerado a la población.
La crisis en este rubro se reflejan incluso a nivel internacional, donde México se encuentra en la lista de los 30 países que mayormente reprime a los defensores de los Derechos humanos, de acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Junto a nuestro país aparecen naciones como Argelia, Bahréin, Burundi, China, Cuba, Egipto, Venezuela, Honduras e Irán.
El secretario general adjunto de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour declaró de inaceptable que año con año se presenten casos de intimidación y represalias contra personas, cuyo delito fue cooperar con las instituciones y mecanismos de la Organización Mundial.
Todo esto se debe a que la República Mexicana vive bajo un grave contexto de violencia que se viene arrastrando desde el 2006, lo cual ha hecho que la vida social del país haya sido fuertemente afectada con enfrentamientos armados, desapariciones, asesinatos, secuestros, feminicidios, y entre otros delitos que se han convertido en la pesadilla diaria de la sociedad.
Cuestiones que el gobierno mexicano no ha sabido revertir, ya que, son los homicidios, la extorsión, el robo a vehículo, el robo a casa, el robo al negocio y la violación, los hechos que mayor impacto tienen en México, según muestra el Semáforo Delictivo, en su último informe presentado en septiembre.
Pareciera que ser mexicano es sinónimo de ser víctima de algún delito. En lo que va del año se han contabilizado 416 mil 562 denuncias por algún crimen.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 (ENVIPE), presentada por el INEGI, ha demostrado que en México más de 30 millones de ciudadanos han sido víctimas de un delito.
Siendo el Estado de México, con 7 millones de casos, la entidad donde mas crimen existe, seguido por la Ciudad de México con más de 3 millones, Jalisco con más de 2 millones y Guanajuato con más de un millón.
Pero a nivel nacional, de los 30 millones de víctimas que han sido victimas de un delito, solamente 3 millones presentaron una denuncia ante las autoridades, de las cuales 2 millones tuvieron una averiguación previa o se abrió una carpeta de investigación.
En cambio, las 28 millones de personas que decidieron no presentar alguna acusación, argumentaron varios motivos, de los cuales la mayoría piensa que se trata de una pérdida de tiempo o porque existe una gran desconfianza hacia la autoridad.
Los 3 millones de mexicanos que decidieron iniciar con un proceso de denuncia, un millón 412 mil personas calificaron el trato de la autoridad como “Buena”, en lo que un millón 616 mil personas lo consideraron de “malo a muy malo”, y solamente 191 mil lo clasificaron como “Excelente”.
En cuanto al apoyo que deberían prestar las instituciones hacia la ciudadanía, según datos del INEGI, los mexicanos solicitan mayor protección, por miedo a que el denunciado busque amenazar a la víctima, también piden mayor asesoría jurídica, así como información sobre los derechos de las víctimas y la implementación de más vías de denuncia anónima.
¿En quién sí y en quién no confían los mexicanos?
La crisis que se vive en el país se agrava cada día más, puesto que prácticamente no existe eficacia por parte de las autoridades en cuestiones de seguridad y justicia.
El ejemplo más claro es que de los más de 30 millones de personas que sufrieron de algún delito, 3 millones 155 mil interpusieron una denuncia, de estos en 2 millones 77 mil se inició una averiguación y la mitad simplemente no se investigó, sin precisar las razones del por qué, mientras que la otra mitad mantiene su acusación en trámite.
Los datos presentados en la ENVIPE de marzo y abril del 2017 afirman que la autoridad federativa en la que mayores niveles de confianza existen por parte de los ciudadanos son el Ejército y la Marina, mientras que lo que menos reconocimiento existe son hacia los Jueces, el Ministerio Público y las Procuradurías Estatales.
En materia de corrupción, la población percibe mayor presencia de ésta en las policías Federales y Estatales, a los agentes de tránsito y la policía municipal. Mismas dependencias que son juzgadas por la mayoría de los mexicanos como “nada efectivas”.
En México las personas que tiene entre 20 y 29 años son las que más han sido víctimas de la inseguridad en el país, seguido de entre quienes tienen de 30 a 39 años, y finalmente lo que tienen de 18 a 19 años son los que menos han sido vulnerados por la inseguridad.
Más de la mitad de los delitos que se comenten son a mano armada, de los cuales el 6% declararon haber sido con agresión física, en lo que el otro 95% dijo no existió agresión.
Sin embargo, las personas que llegan a ser víctimas de la inseguridad, sí llegan a tener un daños importantes, puesto que del 78% de los ciudadanos que afirman haber sido perjudicados, el 53% de ellos dijo haber sufrido en lo económico, y el 23% en lo psicológico y el 4% tuvo un daño físico.
Otra de las consecuencias de la crisis de inseguridad que se vive es que en toda la república mexicana, es que más de 36 millones de hogares han optado por contar con alguna medida de protección en sus casas.
Mismas que han provocado que los mexicanos hayan gastado en un año, más de 84 mil millones de pesos en su seguridad. Pero las pérdidas monetarias que han quitado los delincuentes a la ciudadanía son mayores, puesto que el INEGI estima que dicha cantidad llega hasta los 149 mil millones de pesos.
Los robos que se cometieron en 2016 en el transporte público o en la calle, el ENVIPE afirma que el motín preferido del delincuente se centra en los celulares, secundado por el dinero y otros objetos no especificados.
Existen organizaciones como la misma La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes en abril pasado lamentaron que el gobierno todavía no sea capaz de implantar medidas que garanticen la seguridad de los ciudadanos.
Mientras tanto y a menos de un año de que se lleven a cabo nuevas elecciones presidenciales, los mexicanos llegaran al 2018 con cifras crecientes que evidencian cada vez más la ineficacia del plan de seguridad, además de que la PGR no cuenta con un Procurador apto que lleve las riendas de la dependencia. Y la elección de un Fiscal General se ha convertido en una verbena política bajo el contexto de violencia que se vive en México.
