Rodrigo Gutiérrez“Vamos muy bien” y “el pueblo está feliz, feliz, feliz” han sido frases que el presidente ha expresado sobre su gobierno, sin embargo, la realidad parece haber superado –hasta al momento– su proyecto y la cuarta transformación, así parece en el marco de la entrega del Primer Informe de Gobierno.
“No les voy a fallar”, dijo Andrés Manuel López Obrador al día siguiente de haber ganado las elecciones del primero de julio de 2018, la esperanza para quienes votaron por él y la llegada al poder que el tabasqueño tanto anhelaba se hacía realidad.
Sin embargo, es la misma realidad la que pareciera ha superado el proyecto de nación del presidente y la llamada cuarta transformación, a nueve meses del inicio de su gobierno y en el marco de la entrega del Primer Informe de Gobierno.
Violencia desmedida; seguridad, principal reto
El espiral de violencia que azota al país desde hace más de 12 años parece no tener fin, la promesa de Andrés Manuel de pacificar al país se ve lejana.
Este inicio de sexenio es el más violento en la historia reciente de México, de diciembre de 2018 a julio de este año se han registrado 23 mil 689 asesinatos –entre homicidios dolosos y feminicidios –, lo que arroja un promedio de caso 100 casos al día, según datos oficiales.
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Si bien es cierto que esta violencia desmedida es consecuencia de fallidas estrategias de seguridad en gobiernos anteriores y que aún lastiman al país, la responsabilidad actual es del gobernó de López Obrador.
La gran apuesta de este gobierno para pacificar al país es la Guardia Nacional, un nuevo ente formado por elementos de la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).
El proyecto, sin embargo, ha sido duramente criticado, primero porque es visto por expertos y organizaciones nacionales, así como internacionales, como una militarización de la seguridad pública, más aún cuando la ley fue modificada para que esta Guardia Nacional sea constitucional.
Por si fuera poco, esta nueva fuerza del orden ha violado el acuerdo que se llegó en el Congreso para su mando. Mientras en el Senado de la República se determinó que el jefe de la Guardia Nacional fuera un civil, el presidente nombró a un militar en proceso de retiro a cargo: el general Luis Rodríguez Bucio.
El argumento del gobierno lopezobradorista señala que el mando civil que el Congreso pactó de forma histórica en la Guardia Nacional quedaría sobre Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Decisión que fue calificada como una simulación.
En su mensaje por el Primer Informe de Gobierno, el presidente presumió que hay 58 mil 600 efectivos de la Guardia Nacional desplegados en el país y que la meta es llegar a 140 mil miembros, asegurando que no habrá represión, ni se tolerará ni ninguna violación a los derechos humanos.
«Ni el Ejército, ni la Marina se utilizarán para reprimir al pueblo. Se terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada. Ya no se permiten máscaras, ni la desaparición de personas. El Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos»
La orden de evitar este tipo de escenario de posibles violaciones a los derechos humanos ha provocado respuestas tibias de las Fuerzas Armadas ante altercados con pobladores, quienes terminan humillando a los uniformados al no solo desobedecerlos, sino hasta agredirlos, desarmalos y retenerlos.
Esta inacción para evitar una “represión” ha provocado tragedias, como la de Tlahuelipan donde 136 personas murieron al explotar una fuga de hidrocarburo. Los pobladores tomaban el combustible pese al llamado de militares de alejarse de la fuga, los uniformados prefirieron no seguir insistiendo ante un posible conato de bronca en el lugar.
Mientras el presidente asegura que la llamada “guerra contra el narcotráfico” terminó, hay más cárteles y bandas criminales que nunca, estas continúan enfrentándose y llevándose consigo a gente inocente en un año que a todas luces será el más violento de la historia reciente de México.
Economía estancada; empleos a la baja
Después de la seguridad, la economía es el principal reto de López Obrador, uno que le ha hecho pasar tragos amargos al presidente.
Luego de prometer durante campaña un promedio anual de crecimiento de 4%, criticando al alza de apenas 2% de administraciones pasadas, hoy el gobierno de Andrés Manuel lucha para no caer en una recesión.
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Producto Interno Bruto (PIB) durante los dos primeros trimestres del año no ha crecido prácticamente nada.
Sin mencionar que los expertos en materia económica y financiera, tanto nacionales como internacionales, disminuyen cada vez más el pronóstico de crecimiento financiero.
Al respecto, el presidente ha señalado que no importa el crecimiento económico, siempre y cuando haya desarrollo, mismo que –según sus palabras– ahora hay más.
En contraste, Andrés Manuel presumió en el mensaje de su Primer Informe de Gobierno una inversión extranjera histórica de 18 mil millones de dólares, así como la creación de 300 mil empleos, sin contar los generados por los programas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que sumarían más de un millón de trabajos adicionales.
Pese a ello, datos del Inegi detallan que el desempleo va a la alza. En noviembre del 2018, un mes antes de recibir el poder, en México había una tasa de desocupación del 3.3%, misma que se había mantenido prácticamente todo ese año y yendo a la baja prácticamente desde 2016. Actualmente la tasa de desempleo es de 3.6%.
Educación en incertidumbre y Salud en crisis
La cuarta transformación busca deshacerse del legado de su antecesor, Enrique Peña Nieto. Comenzando con las reformas estructurales, el presidente decidió cancelar la Reforma Educativa, para hacer otra con maestros, alumnos y padres de familia.
Sin embargo, esta nueva reforma parece quedar en manos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes se han opuesto rotundamente a ser evaluados y que son consideramos más como un botín político que un aliado educativo.
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Las tres principales universidades públicas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) sufrieron recortes en el plan inicial del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año.
La UNAM tendría un recorte del mil 23 millones de pesos, el IPN de 167 millones de pesos y la UAM de 240 millones de pesos. Sin embargo, la intervención del Congreso hizo que estos recortes no sucedieran y las universidades recibieran aún más.
A la UNAM le reasignaron 2 mil 501 millones de pesos, al IPN le regresaron 798 millones 815 mil pesos y a la UAM 560 millones 966 mil pesos.
Lo que el presidente presumió en el mensaje por su Primer Informe de Gobierno es la entrega de becas a 10 millones 90 mil estudiantes de todos los niveles, con una inversión anual de 60 mil millones de pesos.
Además, aseguró que están en operación ya 100 universidades públicas y gratuitas del Sistema Educativo Benito Juárez, ubicadas en regiones pobres y marginadas del país, donde estudian hoy 39 mil 170 jóvenes y trabajan 815 maestros y maestras.
Por su parte, el sistema de salud vive una crisis. Primero, cuando López Obrador decidió suspender el Seguro Popular que tenía afiliado a 53 millones de mexicanos, para sustituirlo por Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, mismo que no hay llegado y, aunque prometieron que los afiliados seguirán recibiendo el servicio, la lentitud de la transición genera incertidumbre.
Ahora, el desabasto de medicinas es la problemática más reciente del gobierno lopezobradorista, misma que ha afectado hasta los tratamientos con niños con cáncer.
Dicha problemática se está atendiendo y aunque se culpa a la austeridad republicana este desabasto, se trata –según los expertos– de un subejercicio.
López Obrador, por su parte, promete llevar medicinas a los lugares más apartados de México, aumentar el personal médico y rehabilitar, así como ampliar, la infraestructura de salud, incluido el mejoramiento de equipos médicos. Para esto, el sector salud tendrá un incremento de 40 mil millones de pesos para financiar las acciones.
Corrupción y nepotismo no han desaparecido
En más de una ocasión, Andrés Manuel López Obrador ha declarado fin a la corrupción, siendo esta un eje principal para su llegada a Palacio Nacional. Sin embargo, está muy lejos de terminarse la corrupción y prácticas como el nepotismo continúan latentes.
El caso más reciente es el de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, quien –de acuerdo con una investigación de Arelí Quintero– ocultó de su declaración patrimonial 25 propiedades con un valor de 800 millones de pesos.
Al respecto, Bartlett rechazó los señalamientos, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, lo defendió y el presidente le expresó su confianza.
Lo hecho por Manuel le costó, por ejemplo, a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), la inhabilitación de la función pública por 10 años.
Otro de los casos polémicos es el de Carlos Lomelí, exsúperdelegado de Jalisco, quien –según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCCI)– formó una red de nueve empresas que se encargan de vender y distribuir medicamentos en el sector público.
Acusado de cohecho, conflicto de interés, enriquecimiento oculto y tráfico de influencias, Lomelí tuvo que renunciar a su puesto en el gobierno federal, sin que las investigaciones en su contra avanzaran.
Un caso que poco sonó fue el de María del Coral González Rendón, nombrada como una de los 12 concejeros del Organismo para la Mejora Continua de la Educación. Sin embargo, fue maestra del Colegio Manuel Bartolomé Cossío, donde estudia Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor del mandatario.
Además, González Rendón está adscrita a la Oficina de la Presidencia de la República, donde recibe un sueldo mensual de 66 mil 156.48 pesos.
Un más es el de Carmelita Esquer Camacho, nombrada como directora de Pemex Procurement International, quien es hija de Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente y, por si fuera poco, no tiene experiencia profesional en el sector petrolero.
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Estos son apenas algunos de los casos que se han dado a la luz de posibles actos de corrupción y nepotismo, donde las palabras de López Obrador de tolerancia cero a este tipo de prácticas se quiebran.
Aún quedan cinco informes de gobierno que entregar por parte de López Obrador y muchos resultados que dar para que su gobierno sea en verdad una cuarta transformación y no solo un cambio de gobierno más.
