Jhoselin SánchezEn México existe una gran desconfianza hacia sus instituciones, lo cual permea en las políticas emprendidas por el gobierno para atender las necesidades básicas de su población, como son los programas sociales.
El 66.7% de los mexicanos considera que los programas sociales se usan con fines electorales, por ello no es raro considerar que el impulso a éstos en época electoral, es una estrategia política muy común.
Esta percepción quedó plasmada en la Encuesta telefónica nacional: Pobreza en México, dada a conocer en marzo de este año, y realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en la cual se le preguntó a un universo de 900 personas de todos los estados del país su opinión en torno al combate a la pobreza por parte del gobierno federal.
Ante la pregunta: ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la frase: los programas sociales de combate a la pobreza por parte del Gobierno se usan con fines electorales? Un 22.1% dijo que se estaban «totalmente de acuerdo» y un 44.6% se mostró «de acuerdo».
A su vez, los encuestados consideraron que el Gobierno no ha hecho lo suficiente para combatir la pobreza en el país, y la inclinación a esta respuesta fue de un 86.6%; un 12.1% opinó que sí ha hecho lo suficiente; y un 1.3% no contestó.
Entregas de apoyos en el Estado de México
Esta asociación entre programas sociales y contexto electoral se ha puesto de manifiesta en los meses previos a la elección del próximo 4 de junio que se llevará a cabo en cuatro estados del país, Coahuila, Nayarit, Estado de México y Veracruz. En los tres primeros se elegirá el cargo de gobernador.
Siendo el Estado de México donde más se han denunciado actos de coacción del voto a través de entrega de apoyos sociales.
En esta entidad se han repartido tarjetas bancarias, monederos electrónicos, computadoras, becas, despensas, entre otros apoyos y afiliaciones a distintos programas federales.
Para el reparto de estos apoyos se han realizado diversos actos masivos, los cuales han sido encabezados por el actual gobernador, Eruviel Ávila, su hija, Isis Ávila Muñoz, el propio presidente de la república, Enrique Peña Nieto, así como su esposa, la primera dama, Angélica Rivera, y distintos funcionales federales de alto nivel.
Tan sólo el titular del Ejecutivo, cuyo estado natal es el Edomex, en lo que va de su sexenio ha realizado 60 visitas para la entrega de obras, apoyos o anuncio de programas sociales, siendo ésta, la entidad que más ha visitado, así publicó el pasado 5 de abril el diario Reforma.
En un conteo que hizo el medio Huffington Post México, con base en datos publicados en la cuenta de Twitter de Isis Ávila, el gobierno estatal entregó al menos 9 mil 800 tarjetas para jóvenes, con un monto total de 29 millones 400 mil pesos, entre enero y el 17 de marzo de 2017.
También en esta entidad, el pasado 16 de marzo en un evento masivo llevado a cabo en Toluca, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció una inversión por 147 millones de pesos para escuelas de educación especial, primaria, y secundaria.
Mientras que el 17 de marzo, el gobernador hizo un evento masivo para entregar 5 mil computadoras a jóvenes de los municipios de Tecámac, Coacalco y Ecatepec, para esta entrega los padres de los beneficiaros entregaron una copia de su credencial de elector, según documentó el periódico Reforma.
Otro de los apoyos que ha presentado gran polémica, es la tarjeta bancaria llamada La Efectiva, de la cual se han entregado, en un recuento realizado al 30 de marzo de este año, 29 mil 413 tarjetas, con montos que van desde los 2 mil 750 a 3 mil pesos cada una, dando un total de 83.2 millones, según un cálculo realizado por el mismo diario.
Además, desde el 15 de agosto de 2016 a la fecha la entidad ha invertido 500 millones de pesos en la entrega de estas dádivas, con cifras tomadas de la información publicada por el Gobierno estatal.
Ante estos actos, los partidos políticos, PAN, PRD y Morena han interpuesto denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) argumentando compra de votos en este estado.
Incluso el titular de este órgano, Santiago Nieto Castillo, en conferencia de prensa dio a conocer que se han denunciado 55 de estos actos masivos ante las acusaciones de posible condicionamiento del voto, por lo que se han abierto 117 carpetas de investigación al respecto.
Esta clase de casos abona a mantener entre los ciudadanos la opinión de que los programas sociales pueden verse como símbolo de oportunismo por parte del gobierno federal y el partido que representan, cuando es el caso, cada vez que se acercan una contienda electoral; debido a la suspicaz forma en que se promueve la entrega de apoyos sociales de toda índole y de eventos masivos.
