Diana Mariela Sánchez VelascoDesde que asumió la presidencia de Filipinas en junio de 2016, Rodrigo Duterte lanzó una guerra contra las drogas que resultó en la muerte extrajudicial de miles de presuntos traficantes y usuarios de drogas en todo el país.
¿Cómo inicio esta guerra?
Cuando Duterte hizo campaña por la presidencia, afirmó que el narcotráfico y la drogadicción eran obstáculos importantes para el progreso económico y social de Filipinas. Prometió una ofensiva en gran escala contra los traficantes y los adictos, similar a la represión en la que participó cuando fue alcalde de la ciudad de Davao.
Su discurso y sus ideas fueron tomados como un respaldo a los asesinatos extrajudiciales, ya que creó las condiciones para que las personas sintieran que era apropiado matar a los consumidores y/o traficantes de drogas.
¿Qué consecuencias ha tenido?
A principios de diciembre del año pasado, casi 6 mil personas habían sido asesinadas: unas 2 mil 100 habían muerto en operaciones policiales y el resto en lo que se les llamó «muertes bajo investigación».
En febrero del presente año, Arturo Lascañas, un policía retirado de la ciudad de Davao, afirmó en una conferencia de prensa que había llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales por orden de Duterte.
Además, aseguró que a los miembros del llamado “Escuadrón de la muerte” se les pagaban de 20 mil a 100 mil pesos filipinos por golpe, dependiendo de la importancia del objetivo. Dio detalles de varios asesinatos que había cometido por orden de Duterte.
¿Cuáles han sido las reacciones a lo largo del mundo?
Muchas naciones se han pronunciado a favor de las acciones llevadas a cabo por el presidente filipino y algunas otras han mostrado cierto desacuerdo con ellas.
El 19 de julio de 2016, Lingxiao Li, portavoz de la Embajada de China en Manila, anunció el apoyo de China a la guerra contra las drogas: “China entiende perfectamente que el gobierno filipino, bajo el liderazgo del presidente Rodrigo Duterte, considere una prioridad los crímenes relacionados con las drogas”.
Shinzō Abe, ministro japonés, por su parte, durante su visita oficial de estado en enero de 2017 dijo: «En la lucha contra las drogas ilegales, queremos trabajar en conjunto con Filipinas a través de medidas de apoyo pertinentes». Ofreció asistencia financiera para los centros de rehabilitación de drogas de Filipinas, pero no mencionó las muertes resultantes de la guerra contra las drogas.
Foto: Reuters
Estados Unidos, durante la administración de Obama, mostró su preocupación por los informes de asesinatos extrajudiciales y alentó a Manila a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
En contraste, el actual presidente Donald Trump respaldó los esfuerzos del presidente filipino, alegando que el país estaba librando la guerra contra las drogas «de la manera correcta».
El Parlamento Europeo expresó su preocupación por las ejecuciones extrajudiciales después de una resolución del 15 de septiembre que decía: «El narcotráfico y el uso indebido de drogas en Filipinas siguen siendo una preocupación nacional e internacional seria”, pero también están alarmados por el «número extraordinariamente alto de muertos durante las operaciones policiales en el contexto de una campaña contra el crimen y antidrogas».
La guerra se suspende
«Hemos delegado nuestra tarea a la PDEA (Agencia Antidroga). Buscaremos otras cosas en las que trabajar, pero no drogas por ahora», declaró el director de la Policía Nacional, Ronald Dela Rosa, el pasado 12 de octubre en una rueda de prensa televisada.
Esta declaración tomó por sorpresa a muchos. Tal parece que la polémica guerra llegó a su fin, no obstante, muchas personas creen que aún no se puede afirmar y/o confirmar nada; es posible que la violencia en Filipinas aun no desaparezca por completo.
Una de las encuestas nacionales más recientes sobre el desempeño presidencial (llevada a cabo del 25 de septiembre al 1 de octubre por Pulse Asia Research) mostró que la aprobación de Duterte era de alrededor del 86%; incluso algunas personas que declararon estar en contra de las muertes relacionadas con las drogas expresaron apoyarlo debido a su posición en otros asuntos.
El sistema judicial filipino es muy lento e incluso se percibe como corrupto. Esto ha permitido a Duterte actuar de manera proactiva y abordar el tema de las drogas de una manera relativamente sencilla con violaciones generalizadas de los derechos humanos.
Además, frente a un sistema político corrupto, dominado por las élites y un sistema judicial lento, ineficaz e igualmente corrompido, la gente está dispuesta a tolerar a este político que prometió algo y que ahora está cumpliendo.
Aunado a esto, en muchos casos no hay evidencia de que las personas asesinadas fueron en realidad traficantes de drogas o drogadictos, por ello no se puede tener certeza total de que las tácticas implementadas han sido completamente exitosas.
