El pasado 11 de junio Puerto Rico votó a favor de convertirse en el estado 51 de Estados Unidos y esto sin duda llevaría a importantes cambios en ese país.
Dichas votaciones servirán para «exigir y reclamar a Estados Unidos el fin de la indigna relación colonial. Hoy los puertorriqueños estamos enviando un mensaje fuerte y claro al mundo, reclamando la igualdad de derechos como ciudadanos americanos” dijo el gobernador de Puerto Rico, Ricardo “Ricky” Rossello, en un comunicado de prensa.
El referéndum fue convocado por el gobierno de la isla en un contexto de crisis económica, que algunos atribuyen, al menos parcialmente, al estatus jurídico inusual de Puerto Rico, a medio camino entre la independencia y la plena estadidad.
El gobernador Rossello hizo campaña con la promesa de buscar la plena estadidad de la isla, asegurando que es necesario para resolver la actual recesión económica que afecta a Puerto Rico. La peor en décadas.
La crisis económica ha conducido a grandes déficits públicos, una tasa de desempleo de más del 12%, un aumento en los impuestos, así como constantes protestas contra las autoridades locales y federales, que se espera continúen todavía.
El gobierno de la isla argumenta que no puede cumplir con todas sus obligaciones de la deuda de 70 mil millones de dólares y los defensores de la estadidad señalan que mientras las leyes de los Estados Unidos han permitido que otros gobiernos locales estadounidenses endeudados busquen la protección de la bancarrota, Puerto Rico tiene menos medios de defensa legal porque no es un estado norteamericano.
Como ciudadanos estadounidenses, los puertorriqueños podrían simplemente empacar y trasladarse a los Estados Unidos para obtener mejores oportunidades laborales y educativas, sin embargo, no todo gira sobre ruedas.
Por ejemplo, los puertorriqueños no pagan impuestos federales en este momento. Si bien convertirse en un estado otorgaría a Puerto Rico derechos adicionales, también significaría que la gente tendría que pagar impuestos por primera vez.
Por otro lado, y aunque se piense lo contrario, convertirse en un estado no eliminará mágicamente la deuda que tiene la isla, y el Presidente Donald Trump ha dejado claro que no piensa salvarla.
«Puerto Rico probablemente tendría que limpiar su deuda antes de que pudiera llegar a ser un estado», dice Marc Joffe, un experto en bonos que actualmente es director de investigación de políticas para el Centro de Políticas de California.
Es importante saber que en la elección participó sólo el 23%, y a pesar de que, más del 97% votó a favor de anexarse a los Estados Unidos como un estado más, la participación fue muy baja, lo que significa que será difícil para el gobernador hacer que el Congreso preste mucha atención a la votación.
Además, como el Parlamento se encuentra “controlado” por los republicanos, estos podrían actuar con cautela al momento de elegir una medida que podría erosionar su mayoría en ambas “casas” (la Presidencia y el Congreso) al permitir que el electorado demócrata de Puerto Rico elija dos nuevos senadores y varios miembros de la Cámara de Representantes.
Lo cierto es que, desde el siglo pasado Puerto Rico ha realizado en múltiples ocasiones elecciones para definir su estatus ante Estados Unidos, pero, nunca se ha logrado que se produzca ningún cambio, principalmente porque el Congreso estadounidense es el único que puede hacerlo, y actualmente, el tema no resulta “relevante” en su agenda, y menos aún con la poca participación que se mostró.
En resumen, una vez más, esta votación fue un «referéndum no vinculante», por lo que nada realmente tiene que suceder a continuación. Sin embargo, habrá otra votación en octubre.
Se trata de convencer al Congreso, así que, si la participación es mejor y el “apoyo” sigue siendo alto, los líderes puertorriqueños y los partidarios de la estadidad tendrán un caso aún más fuerte para presentar ante los legisladores.
Pasan los años y los puertorriqueños, pese a tener la nacionalidad de la barras y las estrellas, no se sienten como tal, así lo hace ver Rosello: «Hemos tenido la ciudadanía estadounidense durante 100 años, pero ha sido de segunda clase».