Adrián AguilarLa promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de pacificar el país ha constituido, en principio, una empresa difícil.
Las nuevas políticas de seguridad con instituciones coordinadas entre sí y con análisis diarios de la evolución de los delitos, no han tenido el inicio que se espera, esto según el mismo mandatario, debido a que heredó un país con niveles alarmantes de violencia.
Si bien, los “delitos de cuello blanco” han sido los que principalmente figuran en la mira del gobierno federal, al menos en el discurso lopezobradorista, datos del Semáforo Delictivo Nacional, organización social que se encarga de medir los delitos de alto impacto en el país, de enero a marzo de este año algunos crímenes violentos como el homicidio, el secuestro, el narcomenudeo y la extorsión han ido a la alza, colocándose en “luz roja”, índice que utiliza dicha organización para reflejar el alza en este tipo de delitos.
Asimismo, y de acuerdo con Semáforo Delictivo, estados como Morelos, Tabasco, Quintana Roo, Colima, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y la Ciudad de México, han tenido un aumento significativo en este tipo de delitos de alto impacto.
Siguiendo la línea de este difícil comienzo en materia de seguridad, vale la pena destacar que en el mismo primer trimestre de este 2019 ha constituido el inicio de año más violento del que se tenga registro en México, ya que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en estos tres primeros meses hubo 8 mil 493 víctimas de homicidios doloso, en comparación con el primer trimestre de 2018 (7 mil 750 asesinatos), el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Este escenario ha puesto en el ojo del huracán el debate sobre el Plan Nacional de Paz y Seguridad que López Obrador propuso para combatir la violencia y pacificar el país durante su campaña prelectoral y al inicio de su sexenio.
Si bien, el tema central de dicho plan es erradicar la inseguridad y bajar los altos niveles de violencia contemplando plenamente el respeto a los derechos humanos, existen tres puntos clave en la lucha contra la criminalidad, polémicos o no, que integran este plan y que vale la pena revisar su evolución e impacto en la vida pública del durante los primeros cuatro meses de iniciada la llamada cuarta transformación.
Amnistía y desarme de cárteles
En el escenario del México actual, en el cual los grupos del crimen organizado tienen alta capacidad de fuego y por ende una feroz violencia, un punto importante dentro de esta estrategia es la amnistía, la cual solo se puede llevar a cabo, de acuerdo con mismo Plan de seguridad, con la manifestación inequívoca de arrepentimiento y reparación del daño de parte del victimario y el perdón de las víctimas.
Sin embargo, dicha amnistía solo ha sido anunciada informalmente y solamente para los corruptos del pasado, llamados “delincuentes de cuello blanco”.
Aunque en declaraciones recientes, el mismo presidente ha reiterado que aún no se ha descartado dicha amnistía para criminales con acusaciones del fuero común, el Plan de Paz y Seguridad Pública implica, primeramente, en un 80% la prevención de cualquier tipo de delito con programas sociales y en un 20% la presencia policiaca con el proyecto de la Guardia Nacional y en una última instancia el tema de la amnistía.
No obstante, sobre el tema de la amnistía, familiares de víctimas de la violencia que ha azotado al país han rechazado pública y enérgicamente esta propuesta, argumentando que la búsqueda de justicia, verdad y memoria para sus víctimas no debe ser simuladas; dichas discrepancias entre autoridades y víctimas ha frenado la estrategia de amnistía.
Por otro lado, en referencia a la propuesta del desarme del crimen organizado, el presidente ha declarado que será más bien un “desarme social”, ofreciendo a los delincuentes diferentes opciones para que estos dejen sus actividades ilícitas.
Apoyos económicos para fomentar el empleo, becas a jóvenes que quieran estudiar, programas de capacitación y apoyo económico para emprendedores, entre otros, son las opciones que, según López Obrador, tendrán como resultado, a largo plazo, un aumento en las esperanzas de vida, la posibilidad de llevar una vida tranquila y sin sobresaltos, la posibilidad de encabezar negocios legales y regulares así como alcanzar la respetabilidad social.
Legalización de las drogas
Otro eje polémico y calificado como inevitable dentro de este plan de seguridad lo constituye la reformulación del combate contra las drogas por parte del Estado, lo que conlleva la modificación de algunas políticas públicas dirigidas hacía el consumo de estupefacientes.
El cambio en “la guerra contra las drogas” que se ha planteado en la llamada cuarta transformación ha incluido la legalización del cultivo de marihuana con fines lúdicos y medicinales; así como también la pretensión de mantener bajo control/observación clínica a los consumidores de cierto tipo de estupefacientes como cocaína, marihuana, metanfetaminas, entre otros.
La Ley General para la Regulación y el Control del Cannabis, presentada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el pasado mes de noviembre, es un primer paso que pretende eliminar la marihuana de la lista de sustancias perseguidas dentro del territorio mexicano, lo que se espera se refleje en un menor índice delictivo.
Si bien, es un proceso que actualmente se encuentra dentro de la agenda de los legisladores, el pasado jueves el presidente López Obrador envió a la Cámara de diputados el Plan Nacional de Desarrollo (2019-1024), en el cual se plantea dicha reformulación del combate a las drogas, proponiendo principalmente el levantamiento de la prohibición de algunas drogas que hoy son ilícitas, así como redirigir los recursos económicos destinados a combatir el trasiego de drogas hacía programas “personalizados” de reinserción y desintoxicación.
Guardia Nacional
El proyecto de la Guarda Nacional de México nació con la idea de un cuerpo de seguridad que actúe en forma semejante a corporaciones como la llamada Gendarmería Nacional Francesa, una fuerza armada responsable de llevar a cabo trabajo de campo similar al de la policía, cumpliendo funciones de seguridad pública.
Si bien, durante su campaña electoral, López Obrador reitero que sacaría al Ejército de las calles, luego de que el expresidente Felipe Calderón le declarara la guerra a los cárteles del narcotráfico.
Ya en el poder, Andrés Manuel aseguró que los cuerpos policiales locales estaban en un estado de descomposición muy avanzado y opto por la creación de dicha Guarda Nacional, la cual estaría comandada por miembros del Ejército, de la Marina, así como de la Policía Federal, y tendría la firme finalidad de “prevenir y combatir a delincuencia”.
Cabe destacar que esta estrategia es la que se encuentra más avanzada dentro del Plan de seguridad propuesto por López Obrador, pues el pasado 28 de febrero de este año, el Congreso aprobó la creación de dicha Guardia Nacional, la cual contará con 60 mil miembros activos que tendrán la difícil tarea de frenar el espiral de violencia.
Con una naturaleza explícitamente civil que estará bajo la autoridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y será comandada por un grupo de militares, el proyecto de la Guardia Nacional comenzó sus operaciones en calles del municipio de Minatitlán, uno de los más azotados por la violencia en el puerto de Veracruz, con un total mil 50 efectivos de las fuerzas federales, a pesar y en contra la presión de algunos defensores de derechos humanos y grupos de la sociedad civil, los cuales advertían sobre el peligro que podría presentar una mayor militarización de la vigilancia policial dentro del país.
Expertos en materia de seguridad aseguran que no se pueden esperar resultados inmediatos por parte de la Guardia Nacional debido a que esta depende de un amplio trabajo y coordinación institucional, coordinación que al menos llevara un par de años para que se logre.
Es así como dichos proyectos que forman parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad avanzan e impactan, o no, dentro de la legislación mexicana.
Lo que, si es un hecho, es que el presidente en declaraciones recientes ha manifestado que en un lapso de no menos de seis meses la violencia ira disminuyendo en el país, sin embargo, el amplio marco jurídico que dicho plan, o al menos estos tres puntos clave, necesitan para llevarse a cabo y reflejarse en bajos índices de violencia podría tomar todo el actual sexenio.
