Daniel CallejasEl equilibrio e impartición de la justicia para los ciudadanos de México no está ni cerca de ser igual para todos, más ahora en un gobierno que empieza a disociar la separación de poderes. Esto repercute en cada entidad del país, cuando se tambalean las garantías a los derechos de las víctimas, así como imparcialidad, independencia y ausencia de corrupción en el sistema de justicia penal, por poner un ejemplo.
Hace unos días, el World Justice Project (WJP) presentó los resultados en materia de Estado de Derecho de las 32 entidades. En análisis, todos tienen deficiencias en este apartado y están por debajo de la calificación idónea. “Todos los estados del país tienen retos importantes hacia un Estado de Derecho robusto”, apuntó Alejandro González, Director de Proyectos de Estado de Derecho del WJP.
Solo Querétaro (0.49), Yucatán (0.47) y Guanajuato (0.46) son las tres entidades que mejor evaluadas están. El promedio que muestran es de 0.41, y el Estado de México y la capital del país están empatadas en 0.36 puntos, muy cerca de los peores calificados. Entre esos viven Quintana Roo (0.36), Morelos (0.35), y Guerrero (0.34).
Hay un debilitamiento del poder legislativo local y del poder judicial para actuar como contrapesos eficaces al ejecutivo estatal. Ni que decir si interfiere el poder ejecutivo federal.
En los últimos cuatro años se observa un deterioro notorio en la efectividad de las investigaciones hechas por la policía y el Ministerio Público, que continúa siendo el mayor desafío en materia de Justicia Penal.
Y es ahí cuando se refleja lo que confirmó el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, cuando visitó el penal de Santa Martha Acatitla, que comprobó los vicios del sistema penal. Ahí, revisó las preocupaciones de al menos 220 mujeres presas, donde adelantó que revisarán la prisión preventiva oficiosa.
Es un modelo que debe pensarse si es eficiente, a pesar de que la violencia e inseguridad en el país no ceden. La prisión preventiva, describió Zaldívar, no funciona y es violatoria, y que ya no queda solo en reflexionar el cómo se aplica, sino tomar acciones para revisar qué es lo que no sirve. Incluso, es un tema de todos, llamó al debate y ser apartidistas por el bienestar de quienes estén reclusos.
Por ejemplo, algunas mujeres en Santa Martha aún no reciben condena desde cuando menos siete o nueve años y han pasado parte de su vida ahí. La reunión de Zaldívar con ellas fue esperanzadora, histórica, en defensa de los Derechos Humanos. Ahí está el primer paso para una mejora en el Estado de Derecho de todo el país.
Si esto se ve reflejado en el próximo índice del World Justice Project (WJP), que sería el quinto consecutivo, ya es una ganancia. Ni siquiera hablamos de que todos lleguen a la calificación idónea, pero sí que cada entidad mejore la procuración de justicia. Y evidentemente olvidar que, por ser humanos, a los criminales “de verdad” (narcos) el gobierno sea con ellos un perdonavidas.
