Diana Mariela Sánchez VelascoMás de dos semanas después del referéndum sobre la independencia de Cataluña, el gobierno español anunció que tomará la medida de suspender la autonomía regional de Cataluña e imponer un gobierno directo.
Pero, ¿cómo se llegó a esta decisión?
El pasado 10 de octubre el presidente catalán, Carles Puigdemont, solicitó entablar negociaciones en Madrid, no obstante, el presidente español, Mariano Rajoy, se negó rotundamente y exigió una decisión firme por parte del gobierno catalán para que confirmara, o no, si se había declarado la independencia de la región, inclusive estableció una fecha límite para que se hiciera la aclaración: el jueves 19 de octubre.
En lugar de eso, el jueves por la mañana, Puigdemont le escribió una carta a Rajoy, pidiéndole, una vez más, un diálogo, ya que, para él, su negativa a entablar negociaciones había provocado la escalada del conflicto.
«Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlamento Catalán podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10» escribió Puigdemont.
Con esta declaración, Puigdemont reconoció que hasta el momento no se había establecido ninguna declaración de independencia, sin embargo, dio a entender que eso no significaba que la idea de secesión había quedado descartada.
Ante esta afirmación, el gobierno español anunció que invocaría el artículo 155 constitucional. Este artículo establece que “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.
Como Puigdemont no desistió de su idea, el gobierno español anunció que realizaría una sesión especial del gabinete el próximo sábado, durante la cual iniciaría el proceso para activar el artículo 155.
El gobierno de España necesita delinear las medidas exactas que quiere aplicar en Cataluña y presentarlas para una votación en el Senado. La mayoría del partido gobernante (Partido Popular) sería suficiente para aprobar la medida, sin embargo, Rajoy comenzó a sostener conversaciones con los líderes de la oposición para obtener más apoyo.
¿Y la Unión Europea?
Este jueves, durante la cumbre de la Unión Europea (UE) en Bruselas, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, afirmó que «nadie en Europa reconocería la independencia de Cataluña».
Al respecto, y complementando esta declaración, el periódico digital “El Español” se encargó de resumir la posición de la UE en cinco puntos:
- Negativa a reconocer una independencia unilateral
- Críticas a Puigdemont por haberse saltado la ley el 1-O y llamamiento a que rectifique
- Rechazo a ejercer cualquier tipo de mediación por tratarse de un asunto interno español
- Defensa del diálogo como vía para salir de la crisis, eso sí, siempre dentro del orden constitucional
- Si algún día se celebrara un referéndum de independencia y ganara el sí, Cataluña quedaría automáticamente fuera de la UE.
¿Qué podemos esperar?
Los catalanes consideran que la aplicación de la medida es una «invasión» al gobierno de la región, mientras que las autoridades centrales españolas la han interpretado como un movimiento no deseado, pero necesario, para restablecer la legalidad después de que el gobierno de Puigdemont prosiguiera con un referéndum prohibido que violaba la constitución del país.
Es difícil predecir lo que pasará en el futuro con estos dos gobiernos. El esfuerzo de la independencia catalana ha adquirido impulso en los últimos años y la mayoría de los activistas dicen que están en él a largo plazo. De manera similar, el gobierno español no puede darse el lujo de retroceder cuando se trata de un desafío tan directo a la unidad nacional y territorial. Lo que es cierto, es que este conflicto ha dado lugar a la peor crisis política de España en casi cuatro décadas.
