Heiji MorimotoCasi todos los periodistas que fueron asesinados a partir del 2012, fueron ultimados en países que perciben altos niveles de corrupción.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en su última entrega señala que 9 de cada 10 periodistas que han sido asesinados, fueron agredidos en naciones con altos niveles de corrupción, mismos lugares en donde al menos un comunicador es agredido cada semana.
Un reflejo de lo que actualmente se vive en el país, ya que, sumado a que México es percibido como uno de los países más corruptos a nivel mundial- ocupando el lugar 135 de 180 del IPC- también es señalado como uno de las naciones más mortíferas del mundo para ejercer el periodismo.
A pesar de que en México existe la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), y el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la república el 99.2% de los delitos contra comunicadores están sin investigación y sin castigo.
Casi la mayoría de las agresiones que se comenten en contra de los periodistas, fueron realizados por algún funcionario del gobierno. Incluso la misma organización Reporteros Sin Fronteras, señala que los actos de violencia son principalmente contra quienes se encargan de cubrir temas relacionados con la corrupción de los gobiernos locales o del crimen organizado.
Muchos comunicadores son víctimas de campañas de desprestigio, acoso, intimidación, amenazas, agresiones físicas, psicológicas, sexuales y hasta de homicidios.
El último caso de una agresión cometida contra un periodista se presentó el pasado 9 de noviembre: la reportera de Oliva Noticias, Gabriela Rasgado fue víctima de actos de intimidación por parte del abogado Arturo Nicolás Baltazar, representante legal del exfiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo.
De acuerdo con la Alerta emitida por la organización Article 19, la reportera se encontraba realizando una entrevista a las afueras de la Fiscalía General del Estado de Xalapa, cuando Baltazar comenzó a tomarle fotografías con un celular.
“Al principio, la reportera pensó que se trataba de tomas de interés general, sin embargo, se dio cuenta que el abogado se encontraba fotografiándola a ella al desplazarse del lugar donde estaba.”
Según el testimonio de Gabriela Rasgado, el abogado usó un tonó de burla, señalando que estaba “en un espacio público, y él podría tomar las fotos que quisiera.”
La organización Article 19 asegura que no es la primera vez que realizan estos actos: una semana antes, el abogado intentó intimidar a la reportera tomándole fotos mientras se encontraba en la espera de que diera inicio una audiencia del caso que involucra al exfiscal veracruzano.
Estos incidentes se suman a lo ocurrido el pasado 9 de abril, cuando Gabriela Rasgado fue obligada a borrar unas fotografías y videos, por parte de la defensa legal de una persona que fue detenida por desaparición forzada: un caso en el que el abogado Nicolás Baltazar también está vinculado.
“La falta de garantías para realizar su trabajo sin presiones y el acoso constante al que se ha visto sometida Gabriela Rasgado hace necesario exigir la intervención decidida del Poder Judicial y el Gobierno Estatal de Veracruz a fin de garantizar la libre labor informativa previo, durante y posterior a las audiencias. De dicha intervención depende la salvaguarda del derecho de la reportera agredida a recopilar y difundir información y de la sociedad mexicana a conocer la verdad de lo sucedido.”
Sumando al gran peligro que persiste en México por el hecho de ejercer el periodismo, muchas reporteras y comunicadoras también se ven vulneradas por el sólo hecho de ser “mujer”.
Durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no solamente subieron los niveles de violencia, corrupción e impunidad, sino también las agresiones en contra de los periodistas, particularmente contras las mujeres.
El informe Herencia de un sexenio: simulación y desplazamiento. Violencia contra mujeres periodista 2012-2018, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), confirma que en la mayoría de los casos, los agresores de las periodistas fueron agentes del Estado o personas del crimen organizado que ostentan un poder económico y nexos políticos.
El estudio elaborado por Cimac, califica al sexenio del presidente Enrique Peña Nieto como un periodo de violencia y de impunidad que generó un incremento en las agresiones, y como un Estado mexicano que no cumplió con sus obligaciones para proteger a las mujeres que ejercen el periodismo.
Durante esta última administración, se logró documentar 422 casos de violencia contra mujeres periodistas en 31 de los 32 estados que conforman al país, de los cuales 6 fueron casos de feminicidios.
Para quienes ejercen el periodismo en México, se tienen que enfrentar todos los días a un doble riesgo: muchas son violentadas por ser mujeres, son agredidas por su condición de género y también son amenazadas por su actividad periodística.
Esta situación ha generado un total abandono por parte del gobierno con las mujeres comunicadoras, quienes, en algunos casos, han tenido que escapar del lugar de donde vivían por las agresiones cometidas contra su persona y contra su familia.
Sumado a las agresiones físicas y psicológicas, otras consecuencias que han sufrido más de 300 mil mexicanos, es que se han sido desplazados de su lugar de origen por el clima de violencia que se vive en el país.
Siendo 70 casos de periodistas que tuvieron que buscar un nuevo lugar para salvaguardar su vida y la de su familia, según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción los Derechos Humanos.
El informe de Cimac registró durante todo el sexenio, siete casos de mujeres periodistas desplazadas en los estados de Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua.
“Huir siempre fue una opción, pero pocas veces fue el camino a seguir. Se convirtió en necesidad hasta que la impotencia arrinconó a quienes ejercen el periodismo. El desplazamiento fue la solución más viable cuando ya no fue suficiente aprender a vivir entre enfrentamientos, escuchar detonaciones de arma de fuego y ser pacientes con la censura.”
Tanto el IPC como el informe de Cimac concluyen en sus respectivos análisis, que las periodistas también se enfrentan a campañas de difamación, muchas son desacreditadas.
La nula atención que el Gobierno Federal tuvo con las periodistas hará que la administración de Peña Nieto deje el poder con un registro histórico de 11 comunicadoras asesinadas; 6 fueron casos de feminicidios producto de su labor, y en los otros casos nunca se aclaró qué fue lo que ocasionó tales agresiones.
Marlene Valdez García fue asesinada el 20 de agosto del 2014 en Cadereyta, Nuevo León; Jazmín Martines Sánchez el 31 de diciembre del 2014 en Ixtlán del Rio, Nayarit; Indira Rascón García el 11 de noviembre del 2015 en Morelia, Michoacán; Anabel Flores Salazar el 8 de febrero del 2016 en Mariano Escobedo, Veracruz; y Zamira Esther Bautista Luna el 20 de junio del 2016 en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Durante todo el 2017 se registraron los asesinatos de las periodistas Miroslava Breach Velducea, y Judith Paula Santiago. Mientras que en este año se ha dado cuenta de los femicidios de Leslie Ann Pamela Montenegro del Real, Alicia Díaz González y María del Sol Cruz Jarquín.
Comparado con los 131 casos de violencia contra periodistas cometidos durante el gobierno de Felipe Calderón, las 422 cometidas durante el actual sexenio significa el incremento de un 222%; tomando en cuenta que de enero a septiembre del 2018 fueron documentados 101 agresiones.
Siendo la Ciudad de México la entidad con el mayor número de casos registrados con 76, seguido de Veracruz con 58, Puebla con 37, Coahuila con 25, Oaxaca con 24 y Guanajuato con 23.
De total de las agresiones documentadas durante el Gobierno de Peña Nieto, en el 87.68% de los casos se trató de una agresión psicológica, le siguió la agresión física con 35.07%, la patrimonial con 13.51%, la sexual con 7.11% y la económica con 2.61%.
Todas estas agresiones implican actos como amenazas, acoso judicial, allanamiento, bloqueo informativo, campañas de desprestigio, censura, despido injustificado, desplazamiento, despojo, detención arbitraria, espionaje, exilio, feminicidios, entre otros.
