Daniel CallejasPronto la fuerza pública sin rendición de cuentas y el uso arbitrario contra los Derechos Humanos serán resultado de una legislación por aprobarse en el Senado mexicano el martes 12 de diciembre.
La Ley de Seguridad Interior, que enaltece a las Fuerzas Armadas del país, es una prioridad para Enrique Peña Nieto. Sí, ayudaron al rescate de la tragedia del 19 de septiembre pasado, pero no dejemos de lado que dicha participación fue parte de su labor. La urgencia de resolución, dice el presidente, es por los problemas serios de inseguridad, delincuencia y violencia que México enfrenta últimamente.
No obstante, el despliegue militar no ha reducido la violencia, al contrario, ha aumentado las violaciones a los Derechos Humanos en el país. El ejército debe ser entrenado en protocolos para el uso racional, proporcional y gradual de la fuerza.
En síntesis, los soldados aprendieron a matar y lo han hecho contra el crimen organizado. No sería una protección de civiles, sino una represión contra desórdenes –de cualquier tipo– que a su consideración merecen ser apaciguados.
Un ejemplo: Si en una manifestación se rompe un vidrio, los militares pueden intervenir porque para ellos significa irrumpir lo pacifico del movimiento. Claro, no se va impedir un derecho constitucional como manifestarse, pero sí la intervención en caso de provocar caos dentro de la misma.
De tal manera que se requieren policías bien formados, remunerados adecuadamente y con derecho civil de carrera garantizado. Realizarían mejor su trabajo y la gente confiaría en ellos. Pero en vez de darles mejor preparación y sueldo los dejarán a la deriva.
La población vive con miedo y pese a estar de acuerdo con el ejército en las calles la decisión se acompaña del desconocimiento del tema.
Para los mexicanos elevar la seguridad nacional es lo más importante pese que represente violaciones a los Derechos Humanos. Por eso el experimento del Mando Único en ciertos estados, ya que si se aprueba la Ley de Seguridad Interior, el golpe no resulte tan fuerte.
Más de lo mismo en los últimos meses para la administración. Esta legislación es para quedar bien afuera, porque en el interior no ha resuelto desapariciones, levantamientos, periodistas asesinados… El Estado insiste que se trata de casos aislados, pero son muchos; no puede ser así si son miles de procesos.
De esta forma el año cierra con propuestas irrazonables: Amnistía a los narcos, que matan por negocio, o permitir que el Estado, mediante sus Fuerzas Armadas, nos permita vivir o nos “desaparezca”.
