Alberto HernándezContra todo pronóstico, Bolivia fue el escenario de una transición política que se esperaba ocurriera en Venezuela, Nicaragua, Perú, Ecuador o más recientemente en Chile.
Las pasadas elecciones presidenciales en el país sudamericano celebradas el 20 de octubre, en las que Evo Morales buscaba un cuarto mandato, aún cuando la Constitución de dicho país sólo permite dos, desencadenaron la serie de sucesos que hoy tienen en vilo a la escena política boliviana.
En los días que siguieron a las votaciones ocurridas el 20 de octubre comenzaron a surgir señalamientos de irregularidades enel proceso electoral, al tiempo que las protestas en contra de la proclamada victoria de Evo Morales se visibilizaban en distintas ciudades del país.
Por ejemplo, grupos políticos, obreros y sociales convocaron a una huelga general solicitando la renuncia del presidente boliviano, mientras Morales informaba que estaba en proceso un Golpe de Estado en su contra.
Cuatro días después de las elecciones la Organización de Estados Americanos (OEA), recomendaría una segunda vuelta electoral en un ambiente donde las revueltas y protestas en el país sudamericano se habían recrudecido.
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Para el 2 de noviembre, dirigentes de los comités cívicos bolivianos darían un plazo de 48 horas a Evo Morales para renunciar a la presidencia y solicitarían el apoyo de la policía y el ejército para respaldar la petición.
Dos días después, y ante la reticencia de Evo Morales por dejar el gobierno, se hace un llamado desde el mismo a la policía y al ejército para respaldar al presidente. La petición encontró oídos sordos, pues comenzaron a reportarse amotinamientos policiales en varias ciudades de Bolivia.
El llamado al diálogo desde presidencia no es aceptado por la oposición ni por la policía boliviana.
Para el 10 de noviembre, el informe final de la OEA revela irregularidades en el conteo de votos y actas electorales, dando como resultado el anuncio de convocatoria para nuevas elecciones, mientras que el ejército y la policía boliviana hacen la sugerencia al presidente de renunciar.
Fue hasta entonces que el primer presidente indígena, sin formación académica o militar, proveniente de las bases de la sociedad boliviana finalmente deja su cargo, para resguardarse en primera instancia en Bolivia y posteriormente trasladarse a México en calidad de asilado.
La Bolivia de Evo Morales
Evo Morales llegó a la presidencia de Bolivia tras una serie de protestas sociales que terminaron con el gobierno de Carlos Mesa en diciembre de 2005 -quien hoy, es el principal líder opositor y anteriormente, contendiente a la presidencia de Bolivia en las elecciones del 20 de octubre pasado-.
De acuerdo con la fuente que se consulte, los datos duros pueden variar, pero reflejan de manera innegable las mejoras alcanzadas durante los tres mandatos consecutivos del otrora líder cocalero.
La reducción del analfabetismo del 13% en 2006 al 2.4% en 2018, de la pobreza del 60.6% en 2006 al 34.6% en 2018, del desempleo del 9.2% en 2006 al 4.1% en 2018, el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) a tasas superiores al 4% desde el 2006 hasta el 2018 y el alza en el Índice de Desarrollo Humano (que ubicaba a Bolivia en el año 2006 en el lugar 187 mientras que para el 2018 ocupó el puesto 118) son parte de los logros alcanzados en su gobierno.
Este éxito se explica también por el aumento de los precios de las materias primas y el control estatal sobre las industrias bolivianas.
Con la abrupta salida de Evo Morales del gobierno en Bolivia se termina la etapa en la cual América Latina fue gobernada por presidentes que implementaron políticas sociales y económicas distintas en comparación con quienes les precedieron.
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Asimismo, se evidencia nuevamente un mal casi endémico de la región, el desgaste político del líder que insiste en permanecer al frente del gobierno, quien en un afán de preservación de sus políticas -y tal vez de su persona- insiste en ser imprescindible, el dirigente que no puede o no quiere preparar al sucesor que pueda continuar o incluso enfrentar los planes de gobierno.
El error de Evo Morales fue aferrarse al gobierno de su país. Debió aceptar la segunda vuelta electoral y tal vez solo hasta un tercer mandato, con el fin de conservar y defender lo mejor posible sus logros frente a las prácticas o deseos contrarios de aquellos que sin más que su sintética condición personal, pueden propiciar una fractura social y política mayor en el país, al exhibir sus filias religiosas y sus fobias políticas.
La historia seguramente le tendrá un lugar designado al periodo presidencial de Evo Morales y esta, a su vez, servirá de referencia para situar en su justo lugar a los gobiernos que le sucedan.
La prioridad por ahora debiera ser recuperar la calma y reencaminar al país en la vía institucional.
¿Fue Golpe de Estado contra Evo Morales?
La región de América Latina a través de su historia ha presenciado Golpes de Estado, presidencias inconclusas, además de tensos ambientes sociales. Lo sucedido en Bolivia es tristemente el más reciente caso.
Si bien el cambio gubernamental que se presentó en el país sudamericano en los días pasados no se llevó a cabo a la vieja usanza, es decir, con aviones de combate sobrevolando el palacio de gobierno, con tanques circulando sobre la plaza principal o con tropas apostándose en el interior de la ciudad, la salida de Evo Morales -sin que el poder legislativo haya aceptado su renuncia, sin que haya generales dirigiendo el país, y sin un sector político que tenga el control total de las instituciones y sobre todo sin claridad en la línea de sucesión presidencial- se presenta como un caso sui generis, pero en la cual el puntal sigue siendo el ejército.
CIDH condena uso desproporcionado de la fuerza policial y militar en Cochabamba #Bolivia que ya resultaron en 5 personas fallecidas e múltiples heridas. Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales (1/6) pic.twitter.com/G6lg5hx0W5
— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) November 16, 2019
Este cambio gubernamental poco convencional genera también -o acentúa- la ruptura de la estabilidad institucional, induciendo un vacío de gobierno, mayor inestabilidad y confrontación, generando la pérdida de los avances gubernamentales. Sobra decir que será necesario entonces restablecer las condiciones necesarias para retomar un marco institucional, para lo cual seguramente tendrán que transcurrir varios años y nuevas divergencias políticas.
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El hecho expone también a aquellos grupos -dentro y fuera de Bolivia- que justifican e incluso celebran el hecho, haciendo referencia de valores democráticos, políticos o sociales que creen representar, pero que en realidad carecen de significado y compromiso para ellos.
CIDH expresa su preocupación por el accionar de las FFAA en las operaciones combinadas realizadas en #Bolivia desde el inicio de la semana. Los estándares Interamericanos establecen el deber limitar al máximo su participación en el control de disturbios internos. (3/6) pic.twitter.com/wAOGu3yaAU
— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) November 16, 2019
Lo acontecido en Bolivia permite identificarlos para hacerles frente e impedirles el empleo de este tipo de métodos que incluso los ponen a ellos mismos y a la mayoría en un gran riesgo, pues no resuelve nada.
Finalmente, es necesario identificar que la protesta social no propició o solicitó el cambio abrupto de gobierno y que este a su vez no resuelve la protesta social. Lo acontecido en Bolivia es el reacomodo de los grupos sociales, políticos -y tal vez económicos- que no reflejan al proyecto que puso en el centro de la política a la base indígena y trabajadora del país.
El uso indiscriminado de gas lacrimógeno por las fuerzas policiales y militares en #Bolívia atentan gravemente a los estándares jurídicos internacionales. El Estado tiene el deber de respetar el derecho humano a la protesta pacífica. (4/6) pic.twitter.com/bZ7URAKJ4w
— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) November 16, 2019
Evo Morales en México y la relación con América Latina
El anuncio de asilo político en México a Evo Morales provocó la división de opiniones. Algunos aseguraron que ni el gobierno ni la sociedad debían aceptar a un dictador o a un líder antidemocrático, aun sin saber a cabalidad lo que significa ser cada cosa.
Un dictador tiene el control político y militar total del gobierno, no llama a elecciones y mucho menos permite que organismos internacionales se inmiscuyan en la vida política o electoral de su país.
Un líder antidemocrático no acepta, ni reconoce los resultados electorales o su declive político.
Si algo demostró el cambio de gobierno en Bolivia es que Evo Morales no era -y no es- un dictador ni un líder antidemocrático, pues no tuvo el control político y militar total, las elecciones que su gobierno permitió terminaron por retirarlo del mismo e incluso en ellas participaron organismos internacionales como la OEA y su salida del país es la aceptación de su declive político -momentáneo o permanente.
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El desconocimiento de los términos y la repetición automática de los mismos sin que haya una reflexión mínima de por medio no contribuye a entender la realidad internacional y nacional, pero da una pista de la actual sociedad mexicana, sus referencias y modo de pensar.
Ahora bien, vale la pena comentar el actuar internacional del actual gobierno mexicano. El ofrecimiento de asilo político a Evo Morales podría considerarse la primera acción proactiva del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de política exterior.
El 4 de noviembre el mismo presidente mexicano recibió en Palacio Nacional al presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. La reunión puede entenderse en el sentido de que la futura política argentina no coincidirá con la brasileña o chilena -que se encuentra ocupada en sus asuntos internos- y podría encontrar en la política mexicana cierta afinidad. En ese entendido López Obrador rechazó ser un líder político para América Latina. A pesar de esto, el ofrecimiento de asilo a Evo Morales en México podría enviar un mensaje contradictorio, mostrando entonces una posible reformulación sobre la marcha de los planes mexicanos en política exterior.
Las consecuencias de este nuevo viraje no son claras y ofrecer escenarios futuros para el caso de la relación política con los propios países sudamericanos por los que tuvo que transitar el avión mexicano (Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, y Paraguay) o con los Estados Unidos sería un ejercicio por demás aventurado.
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Lo cierto es que el gobierno mexicano ha aceptado una enorme responsabilidad al trasladar y ofrecer asilo a un político emblemático para la historia contemporánea de la región.
Este hecho sin duda refresca la política exterior mexicana y la sitúa bajo un nuevo nivel de rigor y compromiso a nivel internacional y nacional. Solo el tiempo y la planeación política que se haga, harán ver si el gobierno mexicano estuvo o no al nivel de exigencia que él mismo se planteó.
Por último, el caso boliviano ofrece una importante lección para los políticos y la sociedad en México.
Para los primeros, la necesidad de renovar sus caras e impulsar la formación de cuadros al interior de sus instituciones, con la intención de mantenerlas actualizadas en relación con la dinámica política y la agenda propia que pudieran tener.
Para la sociedad, la importancia de participar e informarse debidamente del acontecer político, entendiendo que su buen o mal funcionamiento repercute directamente sobre nosotros.
Se vuelve imprescindible entonces entender y reflexionar correctamente sobre este tema y aprender de las elecciones ocurridas en Bolivia.
